No al Pacto de Toledo, Auditoría de las cuentas de la seguridad social.

Han pasado 26 años desde la creación del pacto de Toledo, para que el movimiento de pensionistas, y desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, desvelemos que durante años la caja única de las pensiones, las aportaciones de los trabajadores a su seguridad social, su ahorro para la pensión, ha venido sistemáticamente siendo saqueado para pagar gastos ajenos a la seguridad social, evitando los sucesivos gobiernos hacer una reforma fiscal, vulnerado los principios básicos de un sistema fiscal progresivo. Así, nos podemos explicar que los impuestos de sociedades, en concreto la carga efectiva que tributan las empresas, sea la más baja de Europa. Así, nos podemos explicar que no sea preciso la necesidad de aumento de la presión fiscal pagando más quien más tiene. A pesar del saqueo de la caja de las pensiones, aun se generaba un ahorro un superávit en la Seguridad Social que en julio del 2011 atesoraba 66.815 millones de euros.

El argumentario histórico de la comisión del Pacto de Toledo ha sido la insuficiencia financiera de la Seguridad Social. Por ello, redujeron la cuantía de la pensión al prolongar el periodo de cálculo, los años de cotización y la edad de jubilación, incluso aprobaron la congelación de la actualización de las pensiones. Estos días se incorpora una nueva variable la del baby boom.

Pero iban más allá, además de saquear los superávits querían privatizar las pensiones. Para ello, se pretendía profundizar la insuficiencia de las pensiones públicas con objeto de incentivar las aportaciones voluntarias para la creación de sistemas privados de pensiones, que como sabemos han tenido poco éxito y han constituido la fuente de enormes estafas en los países donde se han impuesto, particularmente no podemos olvidar la lucha de los trabajadores Chilenos por un sistema de reparto y por la restitución de las aportaciones hechas a las AFP (los fondos privados) lucha que ha derivado en la elección de una asamblea constituyente.

La última versión de la comisión del Pacto de Toledo propugna una nueva modalidad de privatización, los fondos privados de empresa, que persigue hacer obligatoria la aportación, siendo ésta una fracción de la aportación a la Seguridad Social, con lo que se reduce la aportación a la caja única. Los compañeros de Euskadi, donde está implantado hoy en día un sistema parecido si bien complementario al actual sistema público, nos han explicado que la pensión complementaria derivada de la aportación es ridícula, despreciable. No vamos a entrar en el debate de si las empresas pequeñas no podrían incorporarse o si los trabajadores con sueldos bajos (la gran mayoría) se verían penalizados. Para nosotros, solo hay un objetivo, las aportaciones a la Seguridad Social no se tocan, el sistema de reparto no se toca.

COESPE y muchas de las organizaciones constituidas en defensa del sistema público de pensiones nos hemos pronunciado contra los pactos de Toledo, contra las reformas que en su marco aprobaron los gobiernos de Zapatero y Rajoy, contra los sistemas privados de pensiones sean individuales o de empresa. También nos hemos pronunciado contra las reformas laborales, por el aumento del SMI, porque sin salarios dignos no habrá pensiones dignas.

Las estimaciones sobre el saqueo a las cuentas de la seguridad social hechas por diferentes organizaciones o colectivos ascienden a más de 550 mil millones de euros. Hoy en día, los pagos de gastos impropios – ajenos a las pensiones- con recursos de la Seguridad Social son superiores al supuesto déficit del sistema.

No nos sorprende que en la discusión de la comisión del Pacto de Toledo no se propongan soluciones a las pensiones de aquellos colectivos más precarizados, particularmente viudas (2,4 millones de pensionistas, la gran mayoría mujeres con pensiones inferiores a 650 euros) e invalidez (1 millón de trabajadores, de los que el 33% recibe una pensión media de 682 euros). Por eso, desde COESPE reivindicamos, exigimos, que la Pensión mínima sea igual al salario mínimo, igual al 60% del salario medio; pensión mínima: 1086 euros.

La defensa del sistema público de reparto de la Seguridad Social que se financia con las aportaciones de los trabajadores es una exigencia de los pensionistas, de los trabajadores, de todos los ciudadanos.

El 16 de octubre la COESPE con las más importantes plataformas del país, organizaciones y movimientos sociales apoyando la convocatoria, nos manifestaremos en Madrid, por la defensa del sistema público de pensiones exigiendo una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para determinar el saqueo perpetrado por los diferentes gobiernos y exigir su restitución y devolución. Llamamos a todos/as los trabajadores, a todos/as los ciudadanos y a las organizaciones que se unan a esta movilización para decir:

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN