• La titular del Juzgado de Instrucción número 2 dictamina que en la actuación de Marga Antón “no se aprecia dolo alguno ni se acredita interés espurio en la adjudicación de los trabajos a una mercantil con la que carecía de todo vínculo acreditado”
• El alcalde, Carlos González, destaca que “el auto confirma que la actuación de la concejala fue correcta y que no cometió ninguna irregularidad”

2022 10 28

El Juzgado de Instrucción número 2 de Elche ha archivado la denuncia del PP contra la concejala de Cultura, Marga Antón, por las exhumaciones de represaliados del franquismo en el Cementerio Viejo al considerar que “la actuación de la investigada carece de reproche penal al aceptar en todo momento las indicaciones de los dos expertos, arqueólogo municipal y técnico de la administración general (TAG), no apreciarse dolo alguno ni conocimiento de las anomalías existentes, ni acreditarse interés espurio en la adjudicación a una mercantil con la que carecía de todo vínculo acreditado”, una resolución dictada el pasado miércoles.

“En el presente caso se ha dado una explicación a todas y cada una de las anomalías detectadas en el expediente que excluyen por tanto la arbitrariedad de la actuación llevada a cabo por sus responsables y por la propia investigada asesorada por ellos. A ello hay que añadir que no existe prueba alguna de que en dicha actuación irregular existiera un conocimiento y voluntad de ello, esto es, de que se actuara a sabiendas de tal irregularidad, hasta el punto de que no se ocultó, sino más bien se publicitó el inicio de unas obras que de haber sabido no estaban amparadas por la legislación procesal vigente no se habían expuesto a la opinión pública”, indica el texto judicial.

El alcalde de Elche, Carlos González, acompañado de los ediles Héctor Díez y Ramón Abad, además de la propia concejala de Cultura, ha señalado sobre esta decisión judicial que “el auto es claro, contundente, y ratifica la tesis que hemos venido defendiendo sistemáticamente desde el Equipo de Gobierno según la cual no se había producido ninguna participación de la concejala en las circunstancias que se habían revelado como anomalías y que en el auto se califican como errores y anomalías administrativa, nunca como delitos”.

El alcalde ha exigido disculpas públicas a los denunciantes porque “el auto confirma que la actuación de la concejala de Cultura fue correcta y que no cometió ninguna irregularidad. Y la responsabilidad de las anomalías se sitúan en el nivel administrativo, que es lo que hemos defendido en todo momento y quedó acreditado en la junta de Portavoces que se celebró a iniciativa del Gobierno Municipal”.

La resolución de la jueza no es firme y frente a ella cabe un recurso de reforma en el mismo juzgado en un plazo de tres días.