Soy Daniel Agullo Pons,
Llevo poco más de 5 años en silla de ruedas, y vivo en la C/ Isaac Peral de Elche en una tercera planta sin ascensor.
Durante varias reuniones con los vecinos de mi comunidad se ha intentado razonar por vías diplomáticas la instalación de un ascensor para que se cumpliera con los derechos de la carta Magna Europa por la cual se establece que todas las personas tienen derecho a una vida digna.
Al encontrarme siempre con negativas a las propuestas que se hacían por mi parte, incluso una instaladora que financiaba toda la obra a 9 años y yo les ayudaba a conseguir todas las ayudas para la instalación de ascensor que no son pocas con lo cual las mensualidades eran irrisorias, tuve que contratar a un abogado para hacer ver a los vecinos que por mi parte iba enserio, ya que había vencido el plazo también de la supresión de barreras arquitectónicas en todos los bienes y servicios.
Aun así intente ir por vías diplomáticas dos veces más en las cuales tres vecinos firmaron ante notario estar a mi favor, se puso una demanda a cada vecino y otra a toda la comunidad, la asesoría hablo con la comunidad de propietarios para insistirles en que en la denuncia ante la comunidad se allanaran a la demanda ya que yo tenía todas las de ganar, pero por otra parte les instigó a contraponerse a las demandas particulares, las cuales ya he comentado que hubo tres vecinos que se abstuvieron bajo notario.
El 5 de junio de 2019 se celebra el juicio en primera instancia en la sentencia me da la razón pero solo obligan a los vecinos a 12 mensualidades por vecino para la derrama de la obra que son 72.000€, y cada vecino es condenado a 22€ por 12 meses en total 264€ por vecino unos 2.900€ en total, de la cual tengo que hacerme cargo de unos 68.000€ para la instalación del ascensor sin poder ponerle un sistema de llamada y uso por llave, debo dejarlo para el uso de toda la comunidad habiendo entrado en vigor una ley que ya no son 12 cuotas si no que la derrama es entre todos los vecinos dependiendo de altura y metros cuadrados escriturados.
Se apela a la sentencia de primera instancia ya que creemos que la jueza no ha tenido en cuenta como 5 leyes que obliga a los vecinos a pagar la parte del ascensor ya que es un uso de bien común, y en ese estado estamos.
Mientras mi casa es mi prisión solo por sufrir una enfermedad degenerativa que me impide la movilidad.
Daniel Agullo Pons
