– Carlos González asiste a la jornada Alianza Valenciana contra la Inflación, organizada por la Generalitat Valenciana, que ha contado con la asistencia de los agentes sociales y alcaldes y alcaldesas de distintos municipios de la Comunidad Valenciana

2022/11/15

El alcalde de Elche, Carlos González, ha reclamado en Valencia un fondo extraordinario de diputaciones, Generalitat y Gobierno de España para que los ayuntamientos puedan hacer frente a las consecuencias de la inflación y ganar en capacidad de maniobra para intervenir en la economía. 

González ha asistido a la jornada Alianza Valenciana contra la Inflación, organizada por la Generalitat Valenciana, que ha contado con la asistencia de los agentes sociales y alcaldes y alcaldesas de distintos municipios de la Comunidad para poner en común medidas destinadas a paliar los efectos de la escalada de precios en las familias.

El alcalde ha participado en una mesa sobre las medidas de las grandes ciudades contra la inflación en la que también han estado el alcalde de Valencia, Juan Ribó, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco.

El regidor ilicitano ha destacado, entre otras medidas puestas en marcha en Elche, el acuerdo con los agentes sociales para paliar las consecuencias económicas de la guerra con un impacto económico de unos 10 millones de euros, la reducción del precio del IBI a los valores catastrales inferiores a 70.000 euros, las ayudas al pago de alquileres como medida social, los bonos de consumo o la congelación fiscal.

“La inflación está teniendo un fuerte impacto sobre nuestro tejido productivo y sobre las familias, pero no podemos perder de vista que también lo está teniendo en la Administración Local. Por una parte, reduce nuestra capacidad de compra y por otra también reduce nuestra capacidad de intervenir en la economía porque a diferencia de lo que pasa en otros niveles territoriales los impuestos municipales no se ven incrementados”, ha manifestado González.

“A partir de aquí”, ha continuado el alcalde, “el Ayuntamiento de Elche se ve fuertemente afectado por el incremento de precios, nuestros costes han subido aproximadamente un 10%, lo cual supone unos 18 millones de euros, derivado fundamentalmente de los costes energéticos ya que el precio de la luz se ha triplicado, pero no es el único coste. Todos los contratos han subidos de forma considerable, lo mismo que el Capítulo de Personal como consecuencia de los acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos”.

González ha explicado que, “frente a esta situación general, el Ayuntamiento de Elche llegó en abril de 2022 a un acuerdo con todos los agentes sociales para paliar las consecuencias económicas de la guerra,  que resumiría en que tiene un impacto económico cercano a los 10 millones de euros y que se estructura en ocho o nueve medidas de las que distinguiría una ayuda especial a las familias de reducción del precio del IBI, con valores catastrales inferiores a los 70.000 euros y al pago de alquileres como medida social”

Junto a ello, ha señalado que se “han implementado medidas de impulso de la actividad económica como los bonos de consumo en los que Elche ha invertido 1,5 millones de euros que tienen un efecto multiplicador en el comercio”. También ha destacado “la congelación fiscal, centrándose en los colectivos que padecen en mayor medida las consecuencias de la crisis o la suspensión de la tasa de mesas y sillas para la hostelería”.

“Lo realmente importante de nuestra iniciativa ese acuerdo social que ha supuesto sumar esfuerzos e ideas y una estrategia común para paliar las consecuencias de la guerra en la economía ilicitana”, ha expresado el alcalde.

González se ha preguntado en el transcurso del debate cómo facilitar el acceso a las ayudas: “Para nosotros hay dos ideas fundamentales, la primera la simplificación administrativa de las tramitaciones; hemos gestionado 30.000 ayudas para familias y 4.000 para empresas que supone una gran carga de trabajo y ha sido imprescindible reducir los trámites al máximo por la vía digital y al mismo tiempo crear una oficina específica para que las ayudas lleguen a tiempo”.

Sobre la transición energética, el regidor ha valorado que “todos estamos en lo mismo, en la movilidad, en descarbonizar nuestras ciudades”, con la electrificación de la flota de autobuses o los camiones de la recogida de basura. “Son políticas que tienen dos consecuencias: reducir emisiones de gases de efecto invernadero y reducir costes al dejar de pagar gasoil”, ha apostillado.

Un tercer aspecto en el que ha incidido el responsable del Equipo de Gobierno ilicitano son en las políticas fiscales: “Me reafirmo en que una rebaja del IBI generalizada supone un ‘riego a manta’ que es ineficiente. Apostamos por el ‘riego localizado’ para que la reducción impositiva llegue a quienes más la necesitan. Apuesto por políticas concretas dirigidas a colectivos concretos”

El alcalde ha destacado medidas del Gobierno como la excepción ibérica, la subvención del coste del combustible o la reducción del IVA de la luz, que ha pasado del 22% al 5%, también la limitación de los precios de los alquileres, medida importantísima, o la actualización de las pensiones. “Cuando se habla de que el Gobierno de España está aumentando en 30.000 millones de euros su recaudación es cierto, pero no lo es menos que está destinando esos mayores ingresos a hacer más llevadera esta crisis”, ha explicado.

“Pedir más fondos y reducir los ingresos propios, a mi modo de ver, es una contradicción en sus propios términos porque al final lo que necesitan las administraciones son recursos para intervenir en la economía y paliar los efectos de la inflación. Creo que si se hacen rebajas de impuestos tienen que ser progresivas y selectivas”. Y ha incidido la reforma de la ley de contratos del sector público aligerando la lentitud en las licitaciones que tiene consecuencias económicas para las empresas.

Los tres niveles de la administración, diputaciones, Generalitat y Gobierno de España, ha concluido González, deberían plantearse y poner en marcha un fondo extraordinario para que los ayuntamientos puedan hacer frente a las consecuencias de la inflación sobre sus cuentas y “ganar en capacidad de maniobra para intervenir en la economía y mejorar la situación de las familias, desde luego sin bajar impuestos”.